Organizaciones comunitarias y ambientalistas de Puerto Rico rechazaron hoy el proyecto de Reforma de Permisos del gobierno, porque presuntamente debilitarían las protecciones en áreas naturales y comunales de la Isla.

En un comunicado de prensa, varios ambientalistas, entre ellos, el profesor Pedro Saadé, denunciaron los Proyectos del Senado 310 y de la Cámara 752, porque «abandonan o debilitan protecciones en otras áreas naturales y comunales».

Los organismos manifiestan además su rechazo porque los proyectos le adjudican los poderes al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

«Este proyecto pone en peligro la salud y los recursos naturales de nuestro país, puesto que irresponsablemente estipula unos términos arbitrarios para las evaluaciones ambientales, y autoriza a OGPe a aprobar los proyectos una vez expire dicho término, aunque no se hayan terminado las evaluaciones», dijo Saadé.

«Aceptamos que los permisos de usos son necesarios para cambios o reformas para estructuras en zonas urbanas y para acelerar negocios en ellas, sin afectar la paz vecinal, pero ambos proyectos van mucho más allá de lo necesario al abandonar o debilitar protecciones en otras áreas naturales y comunales», continuó.

Ruth Santiago, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, rechazó los proyectos legislativos porque perpetúan la aprobación de permisos «fast track» «deficientes que tantos desastres han provocado en nuestra isla, como otorgar permisos y permitir la construcción de urbanizaciones en zonas inundables».

Y de acuerdo con Myrna Conty, de la Coalición Anti Incineración, las medidas establecerían multas administrativas de entre $50,000 y $100,000 por cada infracción a personas que infrinjan las condiciones de permisos otorgados, y/o límite, obstruya, paralice o invada una actividad de construcción o uso autorizado.

«De esa manera, cuando se limita la información y cuando se presume que toda impugnación que hagamos es frívola, la alternativa que nos queda ante esta amenaza, es tirarnos a la calle para protestar en defensa de nuestras comunidades, de nuestros recursos naturales y de nuestro derecho a la manifestación pública», afirmó.