Los propios federales se encargaron se apagarle las esperanzas inmediatas de establecer un incinerador a la empresa Energy Answers.

De hecho, el tapaboca fue tan sonoro que el propio vicepresidente de la compañía, Mark Green, reconoció en una comunicación reciente a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que no contará con financiación federal para construir la incineradora en Arecibo.

Fue un claro revés para la empresa Energy Answers. El documento está dirigido a John Filippelli, director de la división de Aire Limpio y Sustentabilidad de la Región 2 de la EPA, con fecha del 13 de junio. La carta fue publicada ayer por uno de los miembros de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Ángel González. El documento fue obtenido por vía del congresista Luis Gutiérrez con el apoyo de la organización Earthjustice. Desde hace más de un año, la Coalición respalda el campamento establecidos por vecinos del área en la entrada de la construcción de la incineradora, en protesta por lo que entienden es un intento de despedazarles la salud.

En la misiva Green admite que el Rural Utilities Service (RUS) del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Estados Unidos les pichó cuando le pidieron chavos.

“Hemos sido informados por RUS que debido a la creciente inestabilidad económica en Puerto Rico no se encuentran en posición de otorgar un préstamo al proyecto en este momento”, comienza Green a explicar su fracaso. De inmediato adelanta que evalúan nuevas estrategias para atender las inquietudes de RUS y lograr el préstamo.

El fracaso inmediato de Energy Answers es real y verdadero. Ayer, varios camiones comenzaron a sacar pilotes, varillas, bloques de concreto y más material de construcción de las instalaciones del ahora paralizado incinerador.

“A la salida le gritaron improperios y malas palabras a los miembros del campamento”, dijo una fuente de EL CALCE que exigió el anonimato.

Pero la derrota de Energy Answers parece haber enfurecido más a esta bestia de la jungla corporativa. Por ejemplo, en su carta, Green le da las quejas a los federales de que a pesar de las nueva leyes de criminalización de la protesta del gobierno estadista de derecha de turno, se mantiene un campamento frente a la construcción. Pero, más que nada, el flamante vicepresidente adelantó que evalúan nuevas estrategias para atender las inquietudes de RUS y lograr el préstamo.

Ni cortos ni perezosos, los portavoces de la Coalición dieron la voz de alerta.

“Resultan inauditas las acciones que consideran los proponentes para conseguir financiamiento de un proyecto que cuenta con el rechazo de municipios, organizaciones de ciudadanos, comunidades, iglesias, la academia, médicos y otros profesionales”, dijo Myrna Conty, portavoz de la Coalición, mediante comunicado de prensa.

Y es que, en su carta, Green se expresa confiado que el proceso de restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica viabilice el desarrollo de proyectos como el suyo. Green también expresó que “ya hemos estado trabajando” con el Banco de Gubernamental de Fomento (BGF) y con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para conseguir dinero de los mercados de capital.

“Ambas consideraciones evidencian la falta de viabilidad de este proyecto”, dijo, por su parte, la ingeniera ambiental Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio, que es parte de la Coalición. 

“La empresa tuvo que pedirle financiamiento a RUS precisamente porque no encontró interés privado para asumir el inmenso riesgo económico que representa ese proyecto”, afirmó. “Por otro lado, el proceso de quiebra de la AEE bajo el Título III de la Ley PROMESA será uno largo y complejo y pone en entredicho el acuerdo de compraventa de energía entre AEE y Energy Answers”, agregó Vila Biaggi, exsecretaria de la Gobernación.

La combativa Coalición lanzó una advertencia a los inversionistas que consideren financiar la incineradora.

“Que pongan el oído en tierra porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para descarrilar este y cualquier esfuerzo que perjudique la salud de la gente y nuestro ambiente”, expresó Conty.

“Evitaremos que se repita la historia de la carbonera AES que contamina sin miramientos a su población vecina y a la gente de Peñuelas y Humacao, con la complicidad de los gobiernos. Estamos solidarios con la lucha para impedirlo que libra Peñuelas y Humacao, combatiremos junto a ellos estos atentados contra nuestras comunidades”, articuló, en obvia alusión al desbarajuste que hay en Peñuelas por culpa del deposito de cenizas, que en principio se pensaba que se detendría gracias una medida del gobierno de Ricardo Rosselló.

La Coalición también emplazó a Christian Sobrino, presidente del BGF, y a Gerardo Portela, director ejecutivo de la AAFAF, a que confirmen qué tipo de gestión realizan a favor de Energy Answers.

“Es importante que el país conozca qué tipo de negociaciones se llevan a cabo. Si las declaraciones de Green a la EPA son ciertas, el gobierno ha actuado de espaldas a la ciudadanía por un proyecto que agravaría la crisis fiscal de los municipios y del País. Le exigimos al gobierno que actúe de acuerdo a la transparencia que predica”, sentenció el grupo en un comunicado.
Los miembros de la Coalición reiteraron que en vez de proyectos como la incineradora, que son detrimentales para la salud y el ambiente, Puerto Rico necesita moverse a soluciones sustentables.
“La meta debe ser basura cero por medio de la composta, la reducción, el reciclaje y el reuso de materiales”, dijo Conty.
Vila Biaggi sostuvo que la creación de infraestructura de reciclaje crea empleos y nuevas empresas, lo que es clave para el mejoramiento económico de la Isla. Afirmó que el reciclaje tiene el potencial de generar diez veces más empleos que la incineración.

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