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Buitre Energy Answers se quiere aprovechar de la crisis del País (igual que Whitefish) 

Lunes 20 de noviembre, 10:30 AM 

Frente a Junta de Control Fiscal, Edif. Seaborne 

PIQUETE

Avenida Muñoz Rivera, Hato Rey 

¡ URGENTE! 

Si hacen Incinerador Arecibo un “Proyecto Crítico” Aprobarían Permisos Fast Track (nula participación ciudadana

More than 50 coal ash spill cleanup workers and workers’ survivors are suiing Jacobs Engineering for unsafe working conditions that they allege lead to sickness and death at the cleanup site. Angela Gosnell/News Sentinel

It was the nation’s largest coal ash spill, and it would bring a stampede of government supervisors, environmental advocates, lawyers, journalists, politicians and contractors to Kingston, Tenn.

But not one of them asked why the hundreds of blue-collar laborers cleaning up the mess weren’t wearing even basic dust masks.

Or why their safety gear consisted of nothing more than short-sleeved T-shirts, jeans, work boots and vinyl reflective vests.

Now, nearly a decade later, at least 17 of those workers are dead, dozens more are dying, and the conditions under which they worked are being blamed.

“I call them ‘the expendables,’” said Janie Clark, wife of a worker in failing health. “These men were treated like collateral damage, and they fell between the cracks in this toxic place.”

Working in superfund site

Coal ash is dangerous. The Environmental Protection Agency said so after a dike gave way at the TVA Kingston Fossil Fuel Power in December 2008, dumping 5 million cubic yards of sludge into the Emory River and across 300 acres of the Swan Pond community of Roane County.

The EPA declared the area a superfund site full of toxic metals and chemicals. The list was long even in the early days after the spill: arsenic, beryllium, chromium, copper, lead, mercury, nickel, zinc, cadmium, selenium, thallium, antimony, silver and vanadium oxide. It would grow longer.

Worse, when that sludge started drying out, it turned to fly ash – dust laden with those chemicals in concentrated forms and in tiny particles that once inhaled would lodge deep in the lungs.

This photo depicts unprotected workers mired in wet coal ash sludge. (Photo: Submitted)

Workers weren’t warned of the dangers, though. In fact, they were told the coal ash was perfectly safe.

They ate atop it with only bottled water to clean themselves. Their only decontamination unit at the end of the day was a bucket of water and a brush for their boots. When they asked for dust masks, they were denied, and when they complained of health problems, they were mocked.

Now, more than 50 sickened workers and workers’ survivors are suing Jacobs Engineering, the $12 billion-a-year California company that handled the cleanup for TVA, in federal court. The case is set for trial in 2018.

“We will not discuss nor respond to direct testimony as we are not a party in the lawsuit,” he said. “We will not make statements that may contradict what the judge rules as valid testimony and arguments in the case. We will not try the case in the media.”

Attorney Jim Sanders with the law firm Neal & Harwell, one of two representing Jacobs Engineering and its supervisors, also declined to comment.

«Trial is where we’re going to openly discuss these issues, so it would be inappropriate for me to talk about them now,» Sanders told USA TODAY NETWORK-Tennessee.

The dangers of coal ash

The EPA concluded coal ash presents a high risk of cancer for one out of 50 Americans living near coal ash landfills and slurry ponds in 2007 – months before the Kingston spill. But TVA insisted in the early days of the spill that the waste was safe.

A TVA representative told 60 Minutes in 2009 she would take a swim in the mucky Emory River. She retracted that statement soon after, though. The EPA posted signs telling people not to enter the river and that wet coal ash was dangerous if it got on the skin or inside the body. The Coast Guard shut the river down and erected barriers to keep the ash from spreading.

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Los propios federales se encargaron se apagarle las esperanzas inmediatas de establecer un incinerador a la empresa Energy Answers.

De hecho, el tapaboca fue tan sonoro que el propio vicepresidente de la compañía, Mark Green, reconoció en una comunicación reciente a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que no contará con financiación federal para construir la incineradora en Arecibo.

Fue un claro revés para la empresa Energy Answers. El documento está dirigido a John Filippelli, director de la división de Aire Limpio y Sustentabilidad de la Región 2 de la EPA, con fecha del 13 de junio. La carta fue publicada ayer por uno de los miembros de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Ángel González. El documento fue obtenido por vía del congresista Luis Gutiérrez con el apoyo de la organización Earthjustice. Desde hace más de un año, la Coalición respalda el campamento establecidos por vecinos del área en la entrada de la construcción de la incineradora, en protesta por lo que entienden es un intento de despedazarles la salud.

En la misiva Green admite que el Rural Utilities Service (RUS) del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Estados Unidos les pichó cuando le pidieron chavos.

“Hemos sido informados por RUS que debido a la creciente inestabilidad económica en Puerto Rico no se encuentran en posición de otorgar un préstamo al proyecto en este momento”, comienza Green a explicar su fracaso. De inmediato adelanta que evalúan nuevas estrategias para atender las inquietudes de RUS y lograr el préstamo.

El fracaso inmediato de Energy Answers es real y verdadero. Ayer, varios camiones comenzaron a sacar pilotes, varillas, bloques de concreto y más material de construcción de las instalaciones del ahora paralizado incinerador.

“A la salida le gritaron improperios y malas palabras a los miembros del campamento”, dijo una fuente de EL CALCE que exigió el anonimato.

Pero la derrota de Energy Answers parece haber enfurecido más a esta bestia de la jungla corporativa. Por ejemplo, en su carta, Green le da las quejas a los federales de que a pesar de las nueva leyes de criminalización de la protesta del gobierno estadista de derecha de turno, se mantiene un campamento frente a la construcción. Pero, más que nada, el flamante vicepresidente adelantó que evalúan nuevas estrategias para atender las inquietudes de RUS y lograr el préstamo.

Ni cortos ni perezosos, los portavoces de la Coalición dieron la voz de alerta.

“Resultan inauditas las acciones que consideran los proponentes para conseguir financiamiento de un proyecto que cuenta con el rechazo de municipios, organizaciones de ciudadanos, comunidades, iglesias, la academia, médicos y otros profesionales”, dijo Myrna Conty, portavoz de la Coalición, mediante comunicado de prensa.

Y es que, en su carta, Green se expresa confiado que el proceso de restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica viabilice el desarrollo de proyectos como el suyo. Green también expresó que “ya hemos estado trabajando” con el Banco de Gubernamental de Fomento (BGF) y con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para conseguir dinero de los mercados de capital.

“Ambas consideraciones evidencian la falta de viabilidad de este proyecto”, dijo, por su parte, la ingeniera ambiental Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio, que es parte de la Coalición. 

“La empresa tuvo que pedirle financiamiento a RUS precisamente porque no encontró interés privado para asumir el inmenso riesgo económico que representa ese proyecto”, afirmó. “Por otro lado, el proceso de quiebra de la AEE bajo el Título III de la Ley PROMESA será uno largo y complejo y pone en entredicho el acuerdo de compraventa de energía entre AEE y Energy Answers”, agregó Vila Biaggi, exsecretaria de la Gobernación.

La combativa Coalición lanzó una advertencia a los inversionistas que consideren financiar la incineradora.

“Que pongan el oído en tierra porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para descarrilar este y cualquier esfuerzo que perjudique la salud de la gente y nuestro ambiente”, expresó Conty.

“Evitaremos que se repita la historia de la carbonera AES que contamina sin miramientos a su población vecina y a la gente de Peñuelas y Humacao, con la complicidad de los gobiernos. Estamos solidarios con la lucha para impedirlo que libra Peñuelas y Humacao, combatiremos junto a ellos estos atentados contra nuestras comunidades”, articuló, en obvia alusión al desbarajuste que hay en Peñuelas por culpa del deposito de cenizas, que en principio se pensaba que se detendría gracias una medida del gobierno de Ricardo Rosselló.

La Coalición también emplazó a Christian Sobrino, presidente del BGF, y a Gerardo Portela, director ejecutivo de la AAFAF, a que confirmen qué tipo de gestión realizan a favor de Energy Answers.

“Es importante que el país conozca qué tipo de negociaciones se llevan a cabo. Si las declaraciones de Green a la EPA son ciertas, el gobierno ha actuado de espaldas a la ciudadanía por un proyecto que agravaría la crisis fiscal de los municipios y del País. Le exigimos al gobierno que actúe de acuerdo a la transparencia que predica”, sentenció el grupo en un comunicado.
Los miembros de la Coalición reiteraron que en vez de proyectos como la incineradora, que son detrimentales para la salud y el ambiente, Puerto Rico necesita moverse a soluciones sustentables.
“La meta debe ser basura cero por medio de la composta, la reducción, el reciclaje y el reuso de materiales”, dijo Conty.
Vila Biaggi sostuvo que la creación de infraestructura de reciclaje crea empleos y nuevas empresas, lo que es clave para el mejoramiento económico de la Isla. Afirmó que el reciclaje tiene el potencial de generar diez veces más empleos que la incineración.

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