Imagine someone came over and lit your garbage on fire.
In Puerto Rico, a company is trying to do just that, place a waste incinerator in an area already dealing with lead contamination. And if the agency grants the loan application, it could set a national precedent for similar arrangements around the country.
The USDA is taking public comments until September 28th. Tell the USDA: don’t use taxpayer money to finance polluting waste incinerators.
La organización que agrupa diversos sectores preocupados por la construcción de un incinerador en el Barrio Cambalache de Arecibo tronó contra lo que llaman “otra campaña de desinformación” de la compañía Energy Answers.
“Estamos ya cansados de escuchar falsedades de los voceros de Energy Answers, tratando de confundir a la opinión pública y a los medios, sobre su petición de obtener agua del Caño Tiburones”, exclamó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición. “Se atreven a repetir públicamente números engañosos del agua que fluye por la reserva natural”, continuó.
“La verdad es que a esta compañía le denegaron la franquicia de agua porque los números que ellos sometieron estaban falseados, según corroboraron los técnicos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Incluso sometieron una gráfica que no aparecía en el estudio a que hicieron referencia. ¡Qué atrevidos! Y esto no lo digo yo, lo dicen los oficiales de ese Departamento. En una parte de la denegación, los oficiales hablan de una gráfica de la compañía que induce a error”, aseveró.
“Lo que pretenden con esto es engañar a la opinión pública y presionar a la dirección del DRNA para que les conceda obtener 2.1 millones de galones de agua diarias por la ridícula suma de 42 centavos. ¡Qué oportunistas son! Les importa un divino que se afecte la importante reserva natural y ecosistema del Caño Tiburones. Todo para llenarse aún más sus bolsillos”, continuó Conty.
“Si esta compañía es capaz de una maniobra como esta para lograr su propósito, imagínense lo que sería capaz de hacer si logran construir su megaincineradora. No podemos confiar en ella y sus asesores bien pagos, entre ellos un ex secretario de ese departamento”.
“Esta compañía buitre está desesperada por las recientes victorias que hemos obtenido y la creciente oposición y movilización contra su proyecto. Solicitamos a la ciudadanía que estén atentos para próximas acciones y convocatorias”. finalizó.
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico – Ponencia presentada en vista pública
20 de agosto del 2015
«It is the Association’s position that the EIS draft for the Energy Answers project does not contain essential and critical information on the foreseeable significant and damaging socio-economic impacts on the affected municipalities’ operational budgets and public services due to increases in waste transportation and tipping costs associated with hauling municipal waste to Arecibo to feed the incinerator.»
«Please be certain that this undesirable incinerator project is destined to fail.»
Federación de Alcaldes de Puerto Rico – Carta enviada a Rural Utilities Services
«It is our position that the aforementioned contracts are void, null, and unconstitutional.»
Barceloneta – Carta enviada a Asociación de Alcaldes de PR y a Hon. Alejandro García Padilla
17 de agosto del 2015
«Desde el año 2012…, establecí mi oposición en contra del proyecto de conversión de desperdicios sólidos no peligrosos a energía eléctrica en la jurisdicción territorial de Barceloneta. Al momento reitero y mantengo la misma postura al respecto.»
Mayagüez – Ponencia presentada en vista pública
20 de agosto del 2015
«El Municipio Autónomo de Mayagüez, Puerto Rico presenta su más férrea y ferviente oposición al proyecto y a la propuesta [de Energy Answers] por los siguientes fundamentos: El Contrato entre la A.D.S. y la Corporación Energy Answers, LL.C es nulo»
Isabela – Entrevista con Ojeda en WKAQ 580 AM
Buenas tardes. Mi nombre es Ingrid M. Vila Biaggi, soy ingeniera con un bachillerato en ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Cornell y una maestría en ingeniería ambiental con especialidad en recursos de agua de la Universidad de Stanford. He trabajado como consultora tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y he ocupado puestos en el servicio público, como Asesora de la Gobernadora en Ambiente, Planificación y Vivienda, Subsecretaria de la Gobernación, y más recientemente como Secretaria de la Gobernación bajo la actual administración, puesto al que renuncié el 19 de septiembre de 2014.
Me acompaña el licenciado Luis Enrique Rodríguez Rivera, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico donde enseña los cursos de Derecho Ambiental local, federal e internacional y de Derecho al Mar, entre otros. El licenciado Rodríguez tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y una maestría en derecho internacional de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ha trabajado en bufetes tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y ha ocupado también puestos en el servicio público sirviendo como asesor legal de la Región I de la EPA con base en Boston, como Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Director del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología.
Nos presentamos ante este foro en calidad de fundadores de CAMBIO, una organización no-gubernamental que promueve el desarrollo sustentable para Puerto Rico y el Caribe. Aunque estaremos sometiendo en las próximas semanas comentarios sustanciales sobre los muchos problemas que aquejan el borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el Rural Utilities Services (RUS) ha sometido, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra indignación sobre las acciones del RUS en este proceso.
Primero, resulta insultante que el borrador de la DIA del RUS incorpora muchos de los mismos errores contenidos en la DIA local preparada por Energy Answers, aun cuando alertamos e identificamos con tiempo los mismos al RUS durante el proceso del “Scoping”. Me refiero al uso de cifras, estudios y datos erróneos basados en trabajos caducados e impropiamente aplicados a la situación ante nosotros. A modo de ejemplo, resaltamos el que se utilicen datos censales del 2006 que presentan un aumento poblacional en Puerto Rico y que se interpretan como un aumento en la cantidad de desperdicios sólidos.
La utilización de estos datos resulta irresponsable y engañosa pues la información censal federal del 2013, reconfirma la baja poblacional que vivimos y que se estima continúe hasta el 2050 y por ende una curva descendente en la producción de desperdicios sólidos en la Isla. Ejemplo también es la superficial y deficiente discusión de alternativas, incluyendo la de “no action”, que claramente muestra un incumplimiento del RUS con los requisitos establecidos por el “National Environmental Policy Act” (NEPA). Como el proyecto de incineración es primordialmente uno de manejo de desperdicios sólidos, el RUS viene obligado por el NEPA, así como por su reglamentación y jurisprudencia interpretativa, a discutir y presentar en la DIA las alternativas razonablemente disponibles (“reasonably available”) al mismo. En este caso debe incluirse, entre otros, la reducción, el reuso y el reciclaje como alternativas. Son éstas, precisamente las estrategias primarias de manejo de desperdicios sólidos legisladas en la Ley de Reciclaje de Puerto Rico.
Segundo, resulta sospechoso que el RUS considera financiar un proyecto incompatible con la protección de la salud y el medioambiente, y que generaría menos de 0.026 de la demanda energética de Puerto Rico. Especialmente cuando el mismo no brinda beneficio energético alguno a la supuesta zona rural que se pretende impactar con la inversión de fondos federales. El proyecto sencillamente es incompatible con la política pública que justifica la misma existencia del RUS.
Tercero, resulta improcedente que el RUS considere financiar un proyecto que a todas luces es contrario a derecho por violar la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Reciclaje de Puerto Rico, la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico y la Ley de Política Pública Ambiental, conforme los comentarios e información ya obtenida por ésta en el proceso de “Scoping”, incluyendo la Opinión del ex Secretario de Justicia de esta misma Administración Luis Sánchez Betances del 4 de junio de 2013. Les incluimos nuevamente copia del documento.
Cuarto, resulta contradictorio que el RUS se aparte de su tradición de servir y atender las necesidades de comunidades rurales, al considerar dar apoyo financiero a un proyecto que es antipático y rechazado de plano por la comunidad donde ubicará las operaciones del mismo, igual que por la comunidad a donde se propone llevar las cenizas tóxicas que generará. Aún más contradictorio resulta que el RUS considere apoyar un proyecto que es rechazado por las dos organizaciones que representan a todos los gobiernos municipales de Puerto Rico, me refiero a la Asociación y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Este rechazo comunitario y gubernamental viene de los verdaderos clientes de RUS y consta claramente en los comentarios producto del proceso del “Scoping”.
Además el rechazo implica que Energy Answers no cuenta con la garantía de flujo de basura, lo que hace el proyecto uno no viable y de alto riesgo en términos de asegurar el repago del financiamiento que se evalúa ofrecer. Ante los retos económicos y fiscales que enfrenta Puerto Rico resultaría irresponsable del RUS y del gobierno federal contribuir a la crisis, imponiendo otra carga sobre los hombros del pueblo de Puerto Rico, ya que es el pueblo el que acabará repagando este financiamiento.
Que le quede claro al RUS y al Departamento de Agricultura Federal que estas expresiones de indignación hacia el RUS no se quedarán aquí en Arecibo ni en suportal electrónico. Estos reclamos, esta lucha, la llevaremos hasta su misma puerta. La llevaremos al Pueblo estadounidense, al Congreso, a la Casa Blanca a través del Equipo de Trabajo sobre Puerto Rico creado por el Presidente de los Estados Unidos, a los Tribunales Federales, y a la comunidad internacional. Si ustedes no conocen hasta donde llega el Pueblo puertorriqueño cuando se indigna, les aconsejo que investiguen en “Google” bajo Lucha por Vieques.
Por último, repetimos que CAMBIO estará presentando comentarios sustanciales al borrador de DIA dentro del término reglamentario aplicable. Buenas tardes.
Ciudadanos de Arecibo reaccionaron indignados al descubrir que los proponentes de la megaincineradora de Energy Answers en Arecibo pagarían la miseria de 42 centavos diarios por extraer 2.1 millones de galones de agua de la reserva natural Caño Tiburones.
“Ahora entendemos el gran interés de esta corporación de presionar al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) para que les conceda una franquicia de agua de este delicado ecosistema”, declaró Myrna Conty, coordinadora de la Coalición. “Estos oportunistas quieren esta agua básicamente gratis para maximizar sus ganancias en el negocio de quemar desperdicios. Lo que les importa es su bolsillo, aunque pongan en peligro el balance ecológico del Caño, como determinó el DRNA al negarles la franquicia, y los abastos de agua futuros de nuestra población”.
“Que conste, que si fuera agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tendrían que pagar decenas de miles de dólares diarios”, añadió.
Según el Lcdo Pedro Saade, “el artículo 12 de la Ley de Aguas del 1976, dice que la tarifa anual por cada franquicia de agua salobre … será de 150 dólares, más 20 centavos por cada millón de galones autorizado por el Secretario”. El agua salobre del Caño Tiburones contiene una mezcla de agua de mar y agua dulce del Rio Grande de Arecibo que es parte del sistema del Karso del Norte, uno de nuestras mayores fuentes de agua. El Caño es el humedal más grande del País y hogar de más de 200 especies animales, aves migratorias y autóctonas y unas cien variedades de flora.
“El comprometer una cantidad significativa de este recurso agua por los próximos 50 años, como pretende Energy Answers, nos podría poner en aprietos en caso de futuras sequías, como se vislumbran con el cambio climático; la denegatoria del DRNA a la franquicia a la incineradora estableció que conceder esta cantidad de agua pondría en peligro dicho sistema humedal”, señaló el Lcdo. Saade.
“Esto es indignante. Sería un negocio super redondo para estos buitres. Además de duplicarnos el costo de disposición de los residuos sólidos y su transportación a Arecibo, sacarnos dinero vendiéndole electricidad a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para colmo también quieren que le subsidiemos el agua. Hay que ser bien egoísta y oportunista” según Conty. “No permitiremos que este recurso tan preciado (el Caño y nuestra agua) se le regale ni a ellos ni a nadie”.
“Hacemos un llamado a nuestros conciudadanos a que se opongan a este proyecto y a que se den cita a la Vista Pública el próximo 20 de agosto de 2015 de 4:00-8:00 PM en el Arecibo Country Club. Allí se discutirá la nueva Declaración de Impacto Ambiental del Departamento de Agricultura federal a la que esta compañía está solicitando “asistencia financiera”, luego de haber alegado todo este tiempo que eran inversores privados”, terminó Conty.
Incineración VS Reciclaje
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