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La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración denunció esta mañana la ilegalidad y nulidad del contrato entre la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la compañía Energy Answers, que propone una planta incineradora en el municipio de Arecibo.

La opinión del organismo se basa en un estudio del contrato realizado por la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la UPR, Pedro J. Saadé, explicó que tras un exhaustivo análisis al contrato se encontraron cuatro instancias que lo hacen nulo.

Según el licenciado, el contrato está viciado desde un principio porque obliga de forma contractual a la ADS a que ordene a los municipios a llevar sus desperdicios sólidos a la planta.

“El objetivo básico de ese contrato es garantizar un flujo de abasto, de materia, para quemar a Energy Answer porque sino, el proyecto no tiene razón de ser”, manifestó el licenciado.

Las primeras dos violaciones denunciadas por Saadé son que ADS no consultó en forma alguna a los municipios y que el contrato es en realidad una concesión de facultades de ley de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a un ente privado.

“Una tercera razón es que en realidad el contrato es un subsidio escondido a Energy Answers, en tanto y en cuanto, el contrato obliga a ADS a imponer un cargo de $36 por toneladas. Y eso es una forma de decir yo te voy a subsidiar la operación porque los municipios te van a tener que traer los desperdicios a razón de $36 por tonelada, que está por encima de lo que hoy en día cuesta disponer de los desperdicios”, explicó Saadé.

La cuarta violación, según el licenciado, es que no se dio participación antes de otorgar el contrato.

La semana pasada se le hizo entrega de la opinión legal al licenciado Agustín Carbó, director ejecutivo de la ADS, con una solicitud de que la agencia tome los pasos necesarios para que no se reconozca vigencia al contrato.

“Hubo una reunión de parte de la Coalición y estudiantes y se nos indicó que esto está sujeto a estudio y consideración. Así que asumimos ese es el proceso”, explicó Saadé mientras enfatizaba en que la actual administración debe tomar una posición firme a favor del reciclaje.

Entretanto, Saadé adelantó que otros dos contratos de la compañía, uno con la AEE y otro con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) también son ilegales.

En cuanto al contrato con la AEE, según el profesor, compromete a la corporación pública a comprarle energía a Energy Answers a un costo de $785 millones. Mientras que con el contrato con el DRNA, la agencia renuncia a la operación de la bomba de extracción del agua del Caño Tiburones.

“Los vamos a someter a escrutinio pero entendemos que son ilegales también”, denunció Saadé.

El grupo además dio la bienvenida a la Federación de Alcaldes, organización que reafirmó su rechazo a la planta.

La conferencia de prensa se realizó en la sede del Colegio de Médicos Cirujanos, en Río Piedras, organismo miembro de la Coalición.

“Debemos subrayar que este asunto de la incineradora de Arecibo va en contra de los más altos intereses de la salud y bienestar del pueblo de Puerto Rico y que nosotros vamos a estar constantemente oponiéndonos a ese proyecto”, destacó el presidente del Colegio, el doctor Eduardo Ibarra.