Publicado: martes, 15 de enero de 2013
Ésta es nuestra última entrega sobre los asuntos que entendemos que habrán de ser medulares en el movimiento ambiental para el recién comenzado cuatrienio. En escritos anteriores hemos atendido varios aspectos estructurales, relativos a los espacios para participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, los mecanismos de acceso a la información, así como el acceso a los tribunales y la criminalización de la protesta. También discutimos la necesidad de la aprobación del Plan de Uso de Terrenos como pieza angular del desarrollo económico sostenible del País. En esta ocasión, reflexionamos sobre varios temas sustantivos dentro del ordenamiento ambiental, como la protección de la zona costanera, las políticas energéticas, y las normas relacionadas con el manejo y disposición de desperdicios sólidos.
En el Plan Ambiental de la presente administración se incluye como punto de acción la creación y adopción de una ley de costas. Resulta alentador que se reconozca la necesidad de una legislación coherente y atemperada a nuestros tiempos para proteger la zona costera de los constantes impactos detrimentales de construcciones, así como la apropiación ilegal de bienes de dominio público.El problema centenario en este asunto ha sido la identificación de lo que se conoce como el límite de la zona marítimo-terrestre. Y es que en Puerto Rico hemos cargado con una legislación española de dos siglos pasados que no necesariamente se ajusta a la realidad costera, geográfica y topográfica de aquí. La misma se basa en elementos característicos de la realidad costera española, cuya realidad ha sido diferenciada por científicos estudiosos del tema.En lo que sí hay convergencia es en los intereses que el Estado debe proteger, y son los intereses delPueblo de Puerto Rico. Como sociedad isleña, nos es de suma importancia la protección de los recursos costeros, de la accesibilidad a los mismos para el disfrute de todas y todos, y de que esos bienes de dominio público no sean susceptibles de apropiación particular, al ser considerados inenajenables (están fuera del comercio), imprescriptibles (no se adquieren con el mero transcurso del tiempo) e inembargables (bajo ningún supuesto pueden ser embargados).
Es por ello que el esfuerzo que se está dispuesto a retomar en este cuatrienio según la plataforma de referencia, debe contar con la participación activa y persistente de los movimientos ambientales para que se logre la legislación necesaria en este tema. Considerando la experiencia de la presentación delproyecto de ley de costas en el 2006, la labor para la aprobación de legislación será ardua. Habrá controversias técnico-legales, que comienzan desde la propia explicación en el Plan Ambiental de lo que incluiría la legislación. Las mismas deberán ser superadas para encaminarnos a frenar la exclusión de la ciudadanía al disfrute y acceso a la costa mediante la privatización de la misma y a erradicar los crímenes ambientales que han sufrido nuestros recursos costeros. Ello implica que desde los inicios de la elaboración o revisión de lo que será el texto de la ley, haya espacios puntuales de participación ciudadana más allá de vistas públicas y se garantice el flujo constante de información pública para que se dé efectivamente tal participación.
Sin embargo, la lucha no culmina con la eventual aprobación de una ley de costas. Otro reto de mayor envergadura serán su implantación y cumplimiento. Tenemos la experiencia de que, aún cuando existen leyes, reglamentos y planes, estos dos elementos han sido ignorados, contrariados o simplemente no seguidos por falta de recursos o disposición. Ello, con el efecto de la construcción desmedida que ha causado daños monumentales al ambiente y a los recursos naturales y en abstracción a la seriedad de las consecuencias que se están experimentando y que se experimentarán con el cambio climático. Así pues, la asignación de fondos así como la colaboración mutua entre los movimientos ambientales y los actores gubernamentales en esas etapas serán cruciales.
III. Manejo y disposición de los desperdicios sólidos
Uno de los desafíos que enfrentan los movimientos ambientales y el País en general es la adopción e implantación programática de manera urgente de los métodos de reducción, reuso, reciclaje y composta como fuente de manejo y disposición principal de los desperdicios sólidos que producimos.
Por una parte, las leyes que imparten como política pública el desarrollo de estas estrategias y metas para el reciclaje y la reducción de desperdicios sólidos han sido incumplidas año tras año. Lejos estamos (apenas hemos alcanzado la mitad) del 35% al que el Estado se comprometió a estar reciclando para el 2006. Mientras tanto, ese mismo Gobierno ha sucumbido a la presión de intereses privados ajenos al bienestar público y del ambiente al promover, por el contrario, tecnologías nocivas como los vertederos e incineradores. En este sentido, el Estado plantea ahora la necesidad de recurrir a medidas extremas de disposición de desperdicios sólidos, como la incineración o gasificación, ante su incumplimiento y falta de atención a los compromisos legislativos que optó por contraer.
Esto nos lleva a examinar el Plan Ambiental de la administración entrante. En el documento se reconoce que la herramienta del reciclaje se está subutilizando y se dispone un compromiso de fomentar industrias que completen el proceso de reciclaje. Sin embargo, también menciona la implantación de las acciones que se especifican en el Itinerario Dinámico para Proyectos de Infraestructura promulgado por la Autoridad de Desperdicios Sólidos entre el 2007 y 2008, así como la evaluación justa y seria de “toda tecnología” propuesta para atender el problema de la disposición de desperdicios sólidos. Si bien en el Itinerario se vislumbran estrategias de reutilización, reciclaje y métodos de composta, se incluyen expresamente las estrategias de conversión de residuos sólidos en energía (los llamados waste-to-energy). De hecho, el documento contempla la construcción de dos de estas instalaciones, con capacidad total para procesar 2,910 toneladas por día. Uno de los argumentos utilizados a su favor es la reducción de los altos costos de energía, lo cual nos recuerda el fundamento principal para propulsar el Gasoducto. Otro aspecto que sobresalta del Itinerario es la visión de continuar las operaciones de los sistemas de relleno sanitarios hasta que se agoten su vida útil, excepto contadas excepciones.
Lo anterior resulta preocupante porque se le resta el gran potencial que tiene la reutilización y el reciclaje de lo que consumimos, no sólo como método de reducción y disposición de los llamados desperdicios, sino como un verdadero generador de empleos. Programas internacionales como Basura Cero, que se está impulsando aquí principalmente por la organización Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico, tienen una visión encaminada a la sostenibilidad, capaz de descartar la utilización de vertederos e incineradores como métodos de disposición. A ello se le añade que, según un estudio realizado por el Natural Resources Defense Council (NRDC), junto a otras entidades, si se logra un 75% de recuperación de materiales reciclables en Estados Unidos, se crearían alrededor de 2.3 millones de empleos para el año 2030 en las industrias del reciclaje y la composta.1 En el mismo estudio se demuestra que, en Estados Unidos, las industrias del reciclaje y la composta generaron para el 2008 más empleos (574,000) que en las industrias de vertederos e incineradores (92,000). Puerto Rico, con alrededor de 18% de reciclaje y una tasa de desempleo para septiembre de 2012 de 13.6%, resulta forzoso encaminarse a las industrias de reciclaje y composta como principal medio de reducción y disposición de los desperdicios.
IV. El desarrollo de nuevas políticas de generación energética
Más allá del cierre de espacios de participación a comunidades y organizaciones ambientales ante agencias de Gobierno, en los tribunales, y en la calle, el tema energético fue, quizás, el que mayor atención tuvo durante el pasado cuatrienio. Desafortunadamente, debido a los esfuerzos de la pasada administración para imponer distintos proyectos de generación de energía, mediante el decreto de una emergencia relativa a la infraestructura energética de Puerto Rico, nunca se dio un debate coherente relativo al desarrollo de una política de generación energética para el País. Ello debería ocurrir durante este cuatrienio.
Comencemos por los consensos. Afortunadamente, parece que todos y todas estamos finalmente convencidos de que la dependencia en el uso del petróleo como fuente de generación de energía en Puerto Rico debe eliminarse. Ese reconocimiento quizás era lo único de la Orden Ejecutiva del Gobernador Fortuño que gozaba del respaldo de todos los sectores del País. Parece, igualmente, existir algún consenso en torno a que el uso del carbón, por sus efectos nocivos para el ambiente, no debe ampliarse. Algunos, de hecho, plantearíamos que debería eliminarse. Entendemos, pues, que esta administración debe encaminarse a reducir sustancialmente el uso del crudo como fuente de generación energética, así como a desarrollar un plan dirigido a su eventual eliminación, y a la resolución o mutuo desistimiento del contrato con AES y el cierre de su planta de generación de energía a base de carbón en Guayama.
El grueso del debate durante este cuatrienio, sospechamos, estará concentrado en el uso del gas natural como fuente de energía en Puerto Rico, en el uso de incineradores, gasificadores, y cualquier otra modalidad de plantas de conversión de basura a energía y en la transición hacia el uso de fuentes renovables de energía. El gasoducto, en sus vertientes de Sur y Norte, los proyectos de aerogeneradores y/o placas fotovoltaicas en Guayanilla, Santa Isabel, Yabucoa y Culebra, y las ‘waste to energy’ de Arecibo y Barceloneta, han servido de anticipos a estos temas.
Un denominador común de estos casos es que su discusión ha estado matizada por reclamos sobre falta de espacios para la participación ciudadana en los procesos deliberativos del Gobierno, así como por argumentos relacionados con la ubicación de los proyectos. Tales asuntos, pues, hacen urgentes las reformas para restituir y ampliar tales espacios, así como para aprobar el Plan de Uso de Terrenos.
Otro elemento particularmente problemático de estos proyectos está relacionado con el momento en el que el País adviene en conocimiento de su existencia. En la mayoría de los casos, la discusión sobre las características de cada proyecto adviene pública cuando ya la Autoridad de Energía Eléctrica ha negociado y firmado contratos con empresas para su realización. Si ya la decisión en torno a la realización de determinado proyecto no sólo ha sido tomada, sino que se ha pactado contractualmente, ¿cuán efectiva será la discusión en torno al mismo? Urge entonces repensar y transformar la estructura de la AEE, así como sus procesos, de manera que sus espacios puedan ser democratizados.
Por último, convendría trascender la discusión sobre proyectos específicos de generación energética y conversar sobre la política pública en torno a la generación. Aquí podría hablarse de la necesidad de gestar una transición planificada a las renovables, y no de meramente pactar la sustitución del petróleo por el gas natural u otra fuente, mediante la firma de un contrato que comprometerá al Estado a posponer tal transición por el término de su vigencia. Convendría, además, deliberar en torno a la conveniencia de insistir en la generación centralizada de energía, mediante proyectos a grande escala que, entre otras cosas, comprometen nuestros suelos, particularmente los de gran valor agrícola, así como sobre la necesidad de examinar la alternativa de incentivar la generación distribuida de energía, mediante la cual se utilizarían espacios ya impactados, como los techos de edificios, para la construcción de proyectos de generación de energía mediante fuentes renovables.
V. Conclusión
El que esta reflexión sobre asuntos medulares para el movimiento ambiental durante el recién comenzado cuatrienio se hubiere extendido a lo largo de cuatro artículos demuestra lo cargada que está la agenda. A ella habría que añadirle otros temas que, por razón de espacio, hemos omitido, como la restricción en el uso de cenizas de carbón, la implementación, luego de más de una década de litigios y lucha, de la ley para proteger la fisiografía kárstica de Puerto Rico, la protección de áreas de gran valor ecológico, como el Corredor Ecológico del Noreste y los recursos hídricos del País, el (co)manejo y la administración de reservas naturales, así como la creación de empleos mediante el desarrollo de políticas sostenibles, como el ecoturismo. Convendría, pues, retomar el trabajo organizativo, convocar a las distintas tendencias y componentes del movimiento ambiental, y trabajar de manera concertada en pos de estos cambios.
1. Natural Resources Defense Council, More Jobs, Less Pollution: Growing the Recycling Economy in theU.S., disponible en http://docs.nrdc.org/globalwarming/files/glo_11111401a.pdf (última visita el 13 de enero de 2013).
**Profesor de Derecho y abogado con práctica ambiental.
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