Directivos de la compañía Energy Answers aseguraron este martes que la incineradora que se construye en Arecibo no se detendrá, a pesar de un reciente revés judicial en el Tribunal de Apelaciones.
El citado foro ordenó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y a la Junta de Planificación (JP) realizar vistas públicas sobre los permisos otorgados para este desarrollo, destacaron abogados de comunidades que impugnan el proyecto de Energy Answers.
El vicepresidente de Energy Answers, Mark J. Green, mientras, expuso que “las decisiones judiciales recientes por parte del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en nada afectan decisiones anteriores tomadas por las agencias reguladoras en torno al proyecto ni tampoco los planes existentes de la compañía para el desarrollo de la Planta de Recuperación de Recursos y Generación de Energía (Waste to Energy), propuesta para Arecibo”.
“Hemos completado con éxito 33 procesos de revisión de nuestro proyecto a todos los niveles: a nivel municipal, de la Legislatura estatal y en las agencias evaluadoras federales. No hay controversia sobre si el proyecto cumple con los estándares necesarios para proteger la salud humana y el medio ambiente”, agregó Green, quien también es gerente del proyecto cuestionado por ambientalistas.
Los grupos opuestos al proyecto, mientras, señalaron que la decisión judicial permitirá demostrar los cambios que Energy Answers le ha realizado al proyecto.
“Energy Answers le ocultó a las agencias información tan importante como la contaminación con plomo del área de Cambalache, han exagerado el número de empleos que crearían, soslayaron el impacto adverso al humedal más importante de nuestra isla, el Caño Tiburones, y se han vendido falsamente como un proyecto de energía, cuando es uno de quema de desperdicios sólidos”, afirmó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Comunitaria.
La JCA deberá realizar vistas públicas sobre el permiso de contaminación de aire, y la Junta de Planificación sobre una consulta de ubicación otorgada en el 2010, dijo, por su parte, Pedro Saadé, abogado de las comunidades arecibeñas que rechazan la operación de la incineradora.
Green, por su parte, planteó que el proyecto “ha demostrado en todos los procesos a los que se ha enfrentado que es seguro”.
“A lo que nos estamos enfrentando y de lo que estamos defendiendo nuestro proyecto en los foros judiciales es de desafíos procesales que ha impulsado un pequeño grupo de opositores cuyo único fin es agotar todos los recursos procesales para retrasar el proyecto”, agregó el empresario.
prohibidoincinerar.org 