La planta de Energy Answers está estancada en burocracia y su puesta en marcha luce cada vez más incierta.
A poco más de seis años de haberse firmado el primer acuerdo entre Energy Answers y una dependencia pública, el proyecto de conversión de desperdicios sólidos a energía (“waste to energy”) que la empresa propone para Arecibo parece estar ahogado en burocracia, hecho que para sus opositores es señal de que “la incineradora no va”.
Fue en diciembre de 2009 cuando Energy Answers y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) firmaron un acuerdo a 30 años de compra de energía y operación. Siete meses después, el Gobierno declaró una “emergencia energética” con el propósito de darle procesos expeditos al desarrollo de este y otros proyectos.
Bajo esos procesos “fast track”, Energy Answers consiguió que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Junta de Planificación (JP) aprobaran, respectivamente, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la consulta de ubicación de la incineradora. Era finales de 2010 y la empresa dijo entonces que solo le faltaba preparar los planos para iniciar la fase de construcción, que demoraría unos 36 meses.
Pero casi el doble de tiempo ha transcurrido y ni una piedra se ha movido en Arecibo, en el predio donde antes ubicaban la central azucarera Cambalache y la papelera Global Fibers. Allí, a una milla del casco urbano, cerca del río Grande de Arecibo y la carretera PR-2, es que Energy Answers interesa erigir su planta, que procesaría 2,100 toneladas de basura y generaría 80 megavatios al día. Para ello necesita $750 millones.
Trámites y apelaciones ante agencias y tribunales estatales y federales no solo han retrasado la puesta en marcha de la incineradora, sino que han disipado y hasta puesto en entredicho la existencia de la “emergencia energética” bajo la cual concibió el proyecto.
Hoy por hoy, Energy Answers –cuyos directivos y asesores no accedieron a ser entrevistados– no sabe en qué momento su obra iniciaría construcción y operación.
prohibidoincinerar.org 