San Juan- La Coalición de Organizaciones Anti Incineración protestó enérgicamente la extensión por 5 meses adicionales del permiso de contaminación de aire PSD (Permit of Significant Deterioration) de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) a la empresa Energy Answers. La empresa propone la construcción de la controversial incineradora en Arecibo.

“Denunciamos el proceso corrupto de la concesión de esta extensión de permiso, el cual es altamente irregular”, afirmó Pedro Saadé, asesor legal de la Coalición.

“En la carta del 1 de octubre de 2015(1) de la EPA con la primera extensión de este permiso se especificaba que, y cito “…en caso que Energy Answers no comienze la construcción para el 10 de abril de 2017, la Región 2 no está inclinada a conceder otra extensión…debido a que la tecnología y las condiciones de calidad de aire se habrán tornado obsoletas..” . O sea que si la construcción no ha comenzado a los 36 meses, el proponente tendría que preparar una nueva solicitud. Está extensión viola las normas de la misma EPA. Todo indica que la EPA le dió más importancia al cabildeo e influencias de Energy Answers que a la salud y el medio ambiente”, planteó Saadé.

“El pasado mes de febrero de 2017 denunciamos que Energy Answers utilizaba una firma de “cabildeo” de Washington, “The Horinko Group”,(2) para influenciar la toma de decisiones en la EPA. Esta firma es lidereada por una ex administradora de la EPA de la época de Bush, Marianne L. Horinko”, aseguró Myrna Conty, coordinadora de la Coalición. “Este es el procedimiento típico de esta corporación para lograr su proyecto, pagar por influencias políticas y negociar en cuartos oscuros. Nuestros abogados le enviaron una carta a la EPA el 10 de febrero de 2017 (3) tratando de comprobar que se seguirían los reglamentos”, sentenció.

“Resulta indignante descubrir que la EPA concede la extensión del permiso, en gran parte, porque Energy Answers no ha conseguido financiamiento para este riesgoso proyecto y está tramitando un préstamo con el Departamento de Agricultura federal. (4) ¿De cuándo acá EPA debe priorizar esto frente a la protección de la salud ciudadana con la mejor tecnología disponible?”, increpó Conty. “ Para colmo, Energy Answers tiene la desfachatez de plantear en su carta a EPA (5) que, debido a la crisis económica de la isla, no ha conseguido financiamiento privado y apela a fondos públicos del programa Rural Utilities Services (RUS) del Departamento de Agricultura federal, evidentemente arriesgando estos sin ningún reparo”, prosiguió.

“Este proyecto es una gran amenaza para nuestro País. El gobernador Roselló le dió su endoso sin escuchar nuestros argumentos. Lo incluyó en su lista de “proyectos críticos”, siguiendo la trayectoria corrupta de Luis Fortuño, y aprobarlo “fast track”, continuó Conty.

“Roselló alega que esta es una “inversión” de 1,000 millones de dólares. No entra en su cabeza que la pagaríamos la ciudadanía del País, como si ya no estuviéramos suficientemente agobiados con las propuestas del Plan Fiscal de su gobierno y la Junta de Control Fiscal”, planteó.

“Además, este proyecto duplicaría los costos de la transportación y disposición de los desperdicios sólidos a los municipios, encima de que el gobierno central les eliminará los más de $400 millones de “subsidios” anuales y el gobierno federal amenaza con recortarle los fondos para proyectos comunales”, mencionó Saadé. “A Roselló parece importarle poco esta situación”, sentenció.

“La Coalición de Organizaciones Anti Incineración seguirá luchando, junto con todos nuestros aliados, para defender la salud ciudadana, nuestros recursos naturales y ambiente y nuestra economía, del ataque de esta compañía buitre y sus defensores. ¡No nos pararán!”, terminó Conty.

FUENTE: miprv.com