Proyecto de Ley obligaría a bajar niveles de agua en la reserva de Caño Tiburones.

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Incinerator News: From Baltimore, MD, to Arecibo, Puerto Rico

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Written by Neil Seldman | Updated on Apr 28, 2016 The content that follows was originally published on the Institute for Local Self-Reliance website at https://ilsr.org/incinerator-news-from-baltimore-md-to-arecibo-puerto-rico/

incinerationprotest2-320x157.pngOn March 17 the permit for the 4,000 ton per day garbage incinerator planned for the Curtis Bay-Brooklyn Park-Hawkins Point area of south Baltimore, MD, was declared invalid by the Maryland Department of Energy and Environment, finally ending years of protest by local residents and their allies from all parts of the city and region (see previous story from ILSR here).

The company proposing the plant, Energy Answers International, had failed to break ground on the facility within the time frame established in the permit.

Energy Answers also has obstacles in Arecibo, Puerto Rico, where another plant similar to the one proposed in Baltimore is also being proposed.

First and foremost the plant needs garbage to burn. To date the cities surrounding Arecibo in the San Juan metropolitan area have refused to agree to send their trash to the plant. Mayors in Puerto Rico are very powerful and they have refused to consider a $40 per ton tip fee in addition to the 80 mile round trip from the densely populated San Juan metro area. Puerto Rico’s Solid Waste Authority has approved the plant through a contract that the municipalities threaten to challenge in court since this agency does not control the flow of garbage in the island’s cities. “The company knows this project is not viable, yet they are trying to force this incinerator through the back door putting political pressure on agencies.  We all know this is a bad project that will have a negative effect on human health and the environment”, says Ingrid Vila, President of CAMBIO and a coordinator for the effort to stop the plant.

The Puerto Rico Sierra Club and environmental organization Mision Industrial support this effort as well.

Yet another problem facing the plant is a source for water. To date no source has been successfully identified. Government authorities have rejected one source, extracting water from the Caño Tiburones Wetland Natural Reserve.

The facility also has to find financing amidst the worst economic crisis the island has faced in decades. The US government is considering a financial package to help the Commonwealth address its multi billion-dollar debt. Additional debt for the plant will be in the hundreds of millions of dollars. Paid off over 20 years the capital costs would reach over $1 billion. Energy Answers has asked the Rural Financial Services of the USDA to provide loan guarantees for the project. “From the information we have gathered this agency has never guaranteed a garbage to energy plant like this one,” points out Vila. The agency specializes in water infrastructure improvements in Puerto Rico.

In many US cities and counties, after citizens and small businesses defeat proposals for garbage incinerators, policy pivots on recycling as in Los Angeles, Austin, Alachua County, FL, Seattle and King County, WA, Portland, OR and Worcester, MA. Anti incinerator organizers in both Baltimore and Arecibo are not only working to stop bad plants but also working for recycling, economic development and zero waste as their alternative.

The anti-incineration movement in Puerto Rico is pushing for the adoption of a Zero Waste strategy to promote reduction of waste generation and increase recycling on the Island. In that effort they supported the plastic bag ban adopted by law in 2015; they are promoting the adoption of a bottle-bill and are pushing for the development of needed regulation for composting and electronic waste.

Puerto Rico currently recycles only 14% of its waste stream that provides for ample room for job creation and industry development in this area.

Neil Seldman and ILSR has worked with locally based grass roots environmental justice and professional organizations in Puerto Rico as well as the Commonwealth’s Solid Waste Authority and US EPA Region 2 promoting recycling and economic development and zero waste.

Fuente original: LEER

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AES transa millonario pleito por daños. via @LaPerlaPR

( 5 de abril de 2016 ) Acusaron a la multinacional AES Corporation por abandonar en una playa de República Dominicana miles de toneladas de desechos tóxicos que causaron desde abortos hasta malformaciones en niños.

Y a punto de que iniciara el juicio por el que seis familias del municipio de Arroyo Barril esperaron siete años, el caso se transó.

Este lunes, los abogados de AES Corporation y cuatro subsidiarias, incluyendo AES Puerto Rico, llegaron a un arreglo económico que dio fin a la batalla legal que vecinos de Arroyo Barril originaron en noviembre de 2009.

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Amparo Andújar es una de las residentes de Arroyo Barril que en el año 2007 parió a una criatura desfigurada, con malformación craneal. Su amiga Rosa María Andújar también dio a luz un niño con los intestinos expuestos y seis dedos en manos y pies. La cría murió poco después de nacer, en julio de 2008. (Foto: Gary Gutiérrez)

Los términos del acuerdo, sin embargo, no están disponibles, dijo al medio de negocios Bloomberg Kim Cefas, un oficial de la Corte Superior de Delaware. «A veces es más fácil resolver en silencio estas cosas para deshacerse de ellos», expresó por su parte Charles Fishman, analista de la empresa de investigación de inversiones Morningstar Inc. Al trascender el arreglo de ayer en la corte de Delaware, las acciones de AES cayeron más de 1.4 por ciento y cerraron en $11.36 en la Bolsa de Nueva York, reseñó Bloomberg.

Los abogados demandantes reclamaban una indemnización de sobre $29 millones para sus clientes, luego de que sobre 27 mil toneladas de cenizas de carbón descartadas por la planta eléctrica AES en Guayama, Puerto Rico, fueran descargadas en un solar del muelle de Arroyo Barril, a la intemperie, a pasos de la playa y sin medidas de control.

Las montañas del material gris levantadas junto a viviendas de la comunidad entre los meses de octubre de 2003 y abril de 2004, permanecieron abandonadas hasta el otoño de 2007.

Un análisis realizado por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo certificó que los desechos estaban cargados de metales pesados. En específico, hallaron arsénico, berilio, vanadio y cadmio “muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales», concluyó la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Sin embargo, los padres demandantes sostienen que presuntos representantes de AES y funcionarios dominicanos los engañaron al asegurar que las cenizas de carbón no eran tóxicas y que «podían ser provechosamente utilizadas por los residentes de Samaná como material de construcción». Así se desprende del expediente del caso.

El juicio contra la multinacional había sido citado para las 9:30 de la mañana del 4 de abril, en la sala de la juez presidente Jane R. Jurden.

Los demandantes acusaron a la corporación AES de haberlos expuesto a tóxicos y cancerígenos de las cenizas de carbón mientras incluso aspiraban partículas voladoras del material, sin medidas de protección.

AES, por su parte, ha insistido que el material es inocuo y que así lo certifican pruebas de laboratorio en su poder. Aun así, prefirió transar la demanda antes que probar sus argumentos ante la juez Jurden.

Precisamente fue Jurden quien al cierre del pasado año determinó que se aceptara en el juicio el testimonio de la doctora Cynthia Bearer, directora de la División de Neonatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland.

Bearer, una especialista con sobre 20 años de experiencia en el estudio de la neurotoxicidad de metales pesados habría de exponer con «grado de certeza médica y científica que la exposición a los residuos de cenizas de carbón descargados en la playa de Arroyo Barril era un factor sustancial» en los argumentos que presentaban las familias demandantes, describe la orden de inclusión de testimonio de la juez Jurden.

La magistrado Jurden también permitió el testimonio de William Konicki, un consultor con más de 40 años de experiencia en ingeniería geotéctina que hubiera aportado conocimientos sobre las cualidades de las cenizas de carbón y su potencial de convertirse en particulado volante y aspirable.

Una orden judicial emitida a principios de febrero buscaba garantizar que nueve adultos y niños, incluyendo tres que nacieron con defectos, pudieran viajar a Delaware para el juicio que se esperaba durara dos semanas, informó la página law360.com.

Para evitar esta cita en el tribunal, los abogados de AES viajaron hasta la capital de Dominicana, donde el pasado 6 de febrero ofrecieron un acuerdo transaccional a las demandantes y sus representantes legales, a cambio del retiro de todos los cargos. Este intento no prosperó.

Tanto Bloomberg como Law360 han divulgado que otras seis demandas con argumentos similares contra AES están en trámite de juicio en el mismo foro.

La historia se repite

La reciente movida de AES no es novedad. En el año 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana radicó una primera demanda contra la compañía por las descargas ilegales de cenizas en las localidades de Arroyo Barril y Manzanillo.

El pleito donde se reclamaban $80 millones fue transado en el 2007 por la suma de $6 millones, a cambio de que el gobierno dominicano retirara a AES Corporation todos los cargos.

En aquella demanda, la República Dominicana acusó a la multinacional de asociación ilícita y otros delitos, como soborno, la violación de leyes aduaneras y amenazas de asesinato para persuadir a un funcionario que no prohibiera la importación del material, entre otros cargos.

Asimismo, el gobierno acusó a la empresa de ser «el cerebro de que ocultó fraudulentamente los peligros de las cenizas».

El caso fue resuelto en la Corte de Virginia y entre los términos se prohibió a los abogados hablar del caso.

AES Corporation, empresa multinacional de producción y distribución de electricidad, reportó al cierre del 2015 un ingreso anual de $15 mil millones. Su subsidiaria en Puerto Rico tiene un contrato a 25 años con la Autoridad de Energía Eléctrica, a la cual le vende 454 megavatios diarios por alrededor de $300 millones al año.

Fuente: La Perla del Sur

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El Nuevo Día: Zonas protegidas locales podrían ser entregadas al sector privado @ElNuevoDia

La secretaria del Interior de Estados Unidos advirtió el viernes durante una visita oficial a Puerto Rico que zonas protegidas locales podrían ser entregadas al sector privado en un nuevo intento para sacar a la isla de su grave crisis económica.

La secretaria Sally Jewell emitió sus declaraciones días después de que legisladores federales republicanos incluyeran, en una iniciativa sobre la economía de Puerto Rico, una disposición que autorizaría a la futura secretaria del interior entregar miles de hectáreas (acres) de tierras protegidas a proyectos lucrativos en Puerto Rico.

a9e71b59-bfa6-4bf3-9759-2b1cd9a8ef73.jpegEl gobernador Alejandro Garcia Padilla se reunió el viernes con Jewell y solicitó financiación federal para que el gobierno local proteja y preserve zonas costeras y sitios históricos cercanos a la capital. (Gerald López Cepero)

«Creo que necesitamos ser muy muy cuidadosos», afirmó Jewell a The Associated Press. «Entregar tierras públicas o áreas naturales para la explotación no es sinónimo de crecimiento económico ni de desarrollo».

Jewell cuestionó esa disposición y señaló que no aborda los desafíos económicos inmediatos de Puerto Rico.

La funcionaria exhortó a las autoridades locales a que se centren en futuros proyectos de desarrollo del ecoturismo para atraer un número mayor de visitantes y aumentar los ingresos fiscales ante la recesión económica que ha durado diez años en la isla.

«Este es un hermoso lugar con fabulosos recursos naturales, culturales e históricos… que no son muy conocidos en Estados Unidos y el mundo como debieran ser», afirmó. «Tenemos trabajo que hacer».

El gobernador Alejandro Garcia Padilla se reunió el viernes con Jewell y solicitó financiación federal para que el gobierno local proteja y preserve zonas costeras y sitios históricos cercanos a la capital, San Juan, como los fuertes del siglo XVIII.

El gobierno de la isla se queda sin dinero y enfrenta la carga de una deuda pública de 70,000 millones de dólares que, según el gobernador, es impagable y necesita una reestructuración.

Jewell dijo que las autoridades de la isla deben aprovechar los bajos precios de los bienes raíces en medio de la crisis económica para alcanzar su objetivo de proteger 33% de las tierras de la isla. Sólo 8% de las tierras estaban protegidas en 2013.

La secretaria tiene previsto visitar el sábado la isla vecina de Vieques para reunirse con funcionarios de la Marina de Guerra de Estados Unidos a fin de revisar las acciones miliares de limpieza emprendidas en la zona.

La marina ha utilizado Vieques como polígono de tiro desde la década de 1940 hasta mayo de 2003 y ha gastado más de 220 millones para investigaciones y la limpieza de las tierras en la isla.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Vieques es mencionado en el proyecto de la iniciativa remitida la semana pasada por legisladores federales republicanos que buscan abrir unas 1.256 hectáreas (3.100 acres) a proyectos lucrativos del sector privado.

La propuesta suscitó una respuesta inmediata del Departamento del Interior federal que supervisa la administración y conservación de las tierras federales.

«Esta fue una transferencia que Puerto Rico no ha solicitado, y es preocupante la perspectiva de que una futura secretaria pueda transferir territorio de un refugio del Servicio de Pesca y Vida Silvestre a planes de desarrollo económico del sector privado», dijo la agencia.

Los legisladores federales tienen previsto someter a debate en las próximas semanas el proyecto de la propuesta legislativa.

FUENTE: El Nuevo Día

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EL NUEVO DÍA: Seis años de tropiezos para la incineradora de Arecibo. @ElNuevoDia

La planta de Energy Answers está estancada en burocracia y su puesta en marcha luce cada vez más incierta.

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A poco más de seis años de haberse firmado el primer acuerdo entre Energy Answers y una dependencia pública, el proyecto de conversión de desperdicios sólidos a energía (“waste to energy”) que la empresa propone para Arecibo parece estar ahogado en burocracia, hecho que para sus opositores es señal de que “la incineradora no va”.

Fue en diciembre de 2009 cuando Energy Answers y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) firmaron un acuerdo a 30 años de compra de energía y operación. Siete meses después, el Gobierno declaró una “emergencia energética” con el propósito de darle procesos expeditos al desarrollo de este y otros proyectos.

Bajo esos procesos “fast track”, Energy Answers consiguió que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Junta de Planificación (JP) aprobaran, respectivamente, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la consulta de ubicación de la incineradora. Era finales de 2010 y la empresa dijo entonces que solo le faltaba preparar los planos para iniciar la fase de construcción, que demoraría unos 36 meses.

Pero casi el doble de tiempo ha transcurrido y ni una piedra se ha movido en Arecibo, en el predio donde antes ubicaban la central azucarera Cambalache y la papelera Global Fibers. Allí, a  una milla del casco urbano, cerca del río Grande de Arecibo y la carretera PR-2,  es que Energy Answers interesa erigir su planta, que procesaría 2,100 toneladas de basura y generaría 80 megavatios al día. Para ello necesita $750 millones.

Trámites y apelaciones ante agencias y tribunales estatales y federales no solo han retrasado la puesta en marcha de la incineradora, sino que han disipado y hasta puesto en entredicho  la existencia de la “emergencia energética” bajo la  cual concibió el proyecto.

Hoy por hoy, Energy Answers –cuyos directivos y asesores no accedieron a ser entrevistados– no sabe en qué momento su obra iniciaría construcción y operación.

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