El proyecto de la megaincineradora de Arecibo sufre dos derrotas en los Tribunales

Los ciudadanos y organizaciones opuestos a la megaincineradora celebran dos sentencias del Tribunal de Apelaciones de PR. En ellas se despeja el camino para que las agencias tengan que celebrar vistas públicas en torno a los permisos que se habían  otorgado a Energy Answers, empresa buitre que propone este descabellado proyecto  a escasas millas del centro de Arecibo.

“Las dos sentencias, una contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y otra contra la Junta de Planificación (JP),  determinan que esas agencias actuaron arbitrariamente al denegar sin fundamentos las solicitudes de participación y vista que desde hace mas de dos años fueron presentadas ante esas agencias. El Tribunal de Apelaciones dio méritos a los reclamos ciudadanos a la vez que no dio paso a la insistencia de la empresa de que no debía darse las vistas y de que se desestimaran los casos de la gente. En el caso de la JCA el permiso es uno de contaminación de aire, y en el de la JP, una consulta de ubicación otorgada por esa agencia en el 2010”, declaró Pedro Saadé, abogado de las comunidades. “Esto significa que las comunidades pueden solicitar que se tome en cuenta todos los cambios ocurridos desde que, en una cuestionable emergencia energética proclamada por la administración Fortuño, se aprobaron dichos permisos a toda prisa”, terminó.

“Energy Answers le ocultó a las agencias información tan importante como la contaminación con plomo del área de Cambalache, han exagerado el número de empleos que crearían, soslayaron el impacto adverso al humedal más importante de nuestra isla, el Caño Tiburones y se han vendido falsamente como un proyecto de energía, cuando es uno de quema de desperdicios sólidos”, aportó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición. “A diferencia de lo que ellos alegan, esta corporación ha intentado evitar que las comunidades participen efectivamente en los procesos de permisos de las agencias, las cuales, extrañamente, se han aliado en contra de la ciudadanía. Ahora los tribunales nos dan un respiro con estas sentencias”, concluyó.

“Es inaudito que esta corporación buitre pretenda que engordemos sus bolsillos con decenas de millones de dólares anuales por los próximos 50 años, profundizando y prolongando aún más la crisis económica de nuestra ciudadanía. Ya tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes se han expresado en contra de este proyecto por la certeza de que llevaría a la quiebra a sus municipios”, continuó Conty. “El implementar la estrategia de Basura Cero para manejar nuestros desperdicios sólidos, crearía 10 veces más empleos, y reduciría las emisiones que provocan el Cambio Climático que amenazan la supervivencia de la Humanidad y que produce la quema y el entierro de basura”.

“Los ciudadanos iniciamos este año 2016 con ahínco y decididos a enterrar este proyecto de una vez y por todas. Es un proyecto malo para el ambiente, para nuestra salud y para nuestro bolsillo. Exhortamos a nuestros conciudadanos a continuar apoyándonos y a estar pendientes a las próximas actividades, incluyendo posibles vistas de estas agencias”, finalizó.

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CANDENTE BATALLA RELACIONADA AL CAÑO TIBURONES EN ARECIBO via @miprv

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Por Miprv.com

Un grupo de ciudadanos y la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc. (SOPI), ha recurrido nuevamente al Tribunal para reclamarle a las agencias del gobierno que cumplan con la ley y corrijan los límites del Caño Tiburones, el humedal estuarino más grande de Puerto Rico.

En el mes de enero de 2015 este grupo de ciudadanos presentó un Mandamus ante el Tribunal de San Juan para reclamar el cumplimiento de la Ley 314 del 24 de diciembre de 1998, mejor conocida como Ley de Humedales. En esa ocasión el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó la desestimación del caso, a lo que el tribunal contestó con un “no ha lugar” por entender que existen méritos en el caso.

Según denunciado por la portavoz del grupo, Ela M. Cruz Nazario, a finales del mes de diciembre del 2015 el DRNA radicó un Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, apelando la decisión de no desestimar el caso por parte del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Estas acciones del Departamento nos causan gran indignación, esta es la gran oportunidad para que el gobierno rectifique y haga las cosas bien finalmente”. Expresó además que en esta etapa avanzada del caso, las acciones del DRNA solo promueven dilatar el proceso y agotar los recursos y el tiempo de la parte demandante.

“Nosotros respondimos al llamado de negociar, estuvimos disponibles y presentes, es el DRNA quién ha mostrado una actitud totalmente contraria a lo que debe ser su norte” expresó el Lcdo. Pedro Saadé, representante legal de los demandantes. Este además expresó que la prueba que utilizarán para probar el caso, es prueba que ha preparado el propio departamento. No hay duda que el DRNA y la Junta de Planificación han incumplido con la Ley y así lo demuestra la evidencia presentada.

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DRNA no se opone a posible expansión de Reserva Natural del Caño Tiburones en Arecibo

Martes, 26 de enero de 2016. San Juan, Puerto Rico — La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, rechazó expresiones de que la agencia se opone a una posible expansión de la Reserva Natural del Caño Tiburones, en Arecibo.

Guerrero Pérez señaló que el Departamento de Justicia—en representación del DRNA—presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones con relación al mandamus de la Sociedad Ornitológica de Puertorriqueña (SOPI), en el que se objeta el argumento de que la agencia incumplió con su deber ministerial en relación a la reserva natural.

“El DRNA favorece acciones de añadir terrenos de humedal a la reserva, pero rechazamos tajantemente la expresión de que se incumplió el deber ministerial de protegerla. Además, insistimos en que cualquier acción de esa naturaleza debe dotar a la agencia de los mecanismos o recursos para hacer las adquisiciones debido a la situación económica que enfrenta el gobierno”, declaró la titular.

Dijo que la agencia no incumplió la Ley Orgánica ni la Ley número 314 de 1998, que dio paso a la creación de la reserva, contrario a lo que establece la demanda de la SOPI porque los estatutos no exigían a la agencia ni a la Junta de Planificación, que se expandieran los lindes de la reserva a la totalidad de las siete mil cuerdas que componen en el caño.

“Esa no fue la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley 314 de 1998. Sin embargo, sí favorecemos que se amplíe a los terrenos de humedal. Tampoco es cierto que el DRNA se ha negado a negociar. Se ha intentado establecer una negociación. Pero, hay que tomar en cuenta que el DRNA no es titular de los terrenos, gran parte de ellos pertenecen a la Autoridad de Tierras”, puntualizó.

“Quedó demostrado que el DRNA estableció un acuerdo con la Autoridad de Tierras, para la protección y manejo de la Reserva Natural Caño Tiburones. Por tanto, quedó establecido que el DRNA cumplió cabalmente con el deber impuesto en la Ley 314 de 1998 contrario a la alegación de la demanda”, subrayó la funcionaria al citar el recurso presentado por Justicia.

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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales busca paralizar protección total del Caño Tiburones

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Ciudadanos muestran su indignación ante acciones contradictorias del DRNA para la protección del humedal estuarino Caño Tiburones

  

25 de enero de 2016

San Juan – Un grupo de ciudadanos y la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc. (SOPI), han tenido que recurrir nuevamente al Tribunal para reclamarle a las agencias del gobierno que cumplan con la ley y corrijan los límites del Caño Tiburones, el humedal estuarino más grande de Puerto Rico. 

En el mes de enero de 2015 este grupo de ciudadanos presentó un Mandamus ante el Tribunal de San Juan para reclamar el cumplimiento de la Ley 314 del 24 de diciembre de 1998, mejor conocida como Ley de Humedales. En esa ocasión el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó la desestimación del caso, a lo que el tribunal contestó con un NO A LUGAR por entender que existen méritos en el caso. 

Según denunciado por la portavoz del grupo, Ela M. Cruz Nazario, a finales del mes de diciembre del 2005 el DRNA radicó un Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, apelando la decisión de NO desestimar el caso por parte del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. “Estas acciones del Departamento nos causan gran indignación, esta es la gran oportunidad para que el gobierno rectifique y haga las cosas bien finalmente”. Expresó además que en esta etapa avanzada del caso, las acciones del DRNA solo promueven dilatar el proceso y agotar los recursos y el tiempo de la parte demandante. 

“Nosotros respondimos al llamado de negociar, estuvimos disponibles y presentes, es el DRNA quién ha mostrado una actitud totalmente contraria a lo que debe ser su norte” expresó el Lcdo. Pedro Saadé, representante legal de los demandantes. Este además expresó que la prueba que utilizarán para probar el caso, es prueba que ha preparado el propio departamento. No hay duda que el DRNA y la Junta de Planificación han incumplido con la Ley y así lo demuestra la evidencia presentada.  

“Si el DRNA está convencido que el caso no tiene méritos, que sigan con los procesos que ya están encaminados y adelantados. Nosotros estamos listos y convencidos que estamos haciendo lo correcto, por lo que acciones como estas no restan energía y enfoque en nuestro reclamo por que las agencias cumplan con la ley”, expresó la portavoz del grupo. Además por su parte, Israel Guzmán, presidente de la SOPI expresó que “conociendo el compromiso con la conservación de la Honorable Carmen Guerrero, Secretaria del DRNA, habiendo sido ella misma protagonista de estas luchas, le hago un llamado público a reconsiderar esta posición y a que instruya a los abogados del Estado en el sentido de retirar esta acción de Certiorari. En el momento histórico por el que pasa nuestro país, las decisiones sobre nuestros recursos naturales no están exentos del requisito de tomar acciones valientes que promuevan el mejor bienestar para todos, a los que estamos ahora y las generaciones a quienes les debemos la protección de los recursos que heredarán. Este es el asunto que está en nuestras manos.” 

El Caño Tiburones es reconocido a nivel internacional por su gran valor ecológico y su biodiversidad. Incluso la organización BirdLife International le ha otorgado la designación como Área Importante para las Aves en riesgo, este ecosistema es visitado por turistas de distintas partes del mundo que recurren a él por su atractivo paisaje y la gran diversidad de aves residentes y migratorias que se pueden encontrar. En el 1983 solo se habían identificado en el área 81 especies de aves y actualmente gracias a la designación como reserva de una porción del humedal, al presente se han identificado unas 220 especies de ave, entre estas especies en peligro de extinción. Esto es evidencia del gran potencial de recuperación de este humedal y de su capacidad para albergar una gran diversidad de especies, según expresó Cruz. Basta con observar una imagen aérea del Caño o visitarlo para comprobar que los límites actuales están errados, se observa una continuidad en el paisaje que hace imposible determinar a simple vista donde comienza y dónde termina el límite de la reserva. De la única manera que se puede manejar un recurso adecuadamente, es si me maneja por completo, no por pedazos. Es por esto que reclamamos al DRNA y a la JP que cumplan con la ley y con su deber ministerial y que finalmente le hagan justicia al Caño Tiburones. 

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COMUNIDAD DE PUERTO RICO SOBRECARGADA POR LA CONTAMINACIÓN RESISTE CONTRA UN PROYECTO DE INCINERADOR

El incinerador de basura propuesto para Arecibo causaría mayores daños a una comunidad ya rodeada por la contaminación si recibe fondos federales

Cinco grupos comunitarios locales se oponen a un proyecto que de recibir fondos federales y aprobación para proceder, representaría una fuente mayor de contaminación y que llevaría a la bancarrota a varias municipalidades de Puerto Rico. El Departamento de Servicios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está considerando la propuesta de la compañía Energy Answers, basada en Nueva York, para financiar un incinerador de basura en Arecibo, Puerto Rico.

La oposición local al proyecto se basa en el hecho que Puerto Rico ni necesita, ni puede darse el lujo de tener un incinerador que convierta la basura a energía y que afectaría a comunidades ya saturadas por la contaminación, condenándolas a décadas de energía sucia y la incineración de altos volúmenes de basura. Hoy marca el cierre del periodo de consulta publica en la declaración de impacto ambiental de la propuesta al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el incinerador de basura en Puerto Rico.

Earthjustice, una firma de derecho ambiental sin fines de lucro, junto a Clínica de Leyes Ambientales y Recursos Naturales de la Escuela de Derecho de Vermont  están representando a Amigos Del Río Guaynabo, Inc., Ciudadanos En Defensa Del Ambiente, Comité Basura Cero Arecibo, Madres De Negro de Arecibo y el Sierra Club de Puerto Rico, al igual que a las comunidades que ellos representan, para luchar en contra del proyecto del incinerador de basura de Arecibo. Earthjustice y la Clínica de la Escuela de Derecho de Vermont presentaron comentarios a favor de los grupos hoy. Las acciones públicas por parte de estos grupos han generado más de 5,000 comentarios pidiéndole a la agencia federal que ponga fin al propuesto incinerador.

Miembros comunitarios y municipalidades a lo largo de Puerto Rico están en contra del propuesto incinerador, que establecería las vías más costosas y de mayor contaminación para controlar la basura, y las vías más costosas y de mayor contaminación para generar electricidad–mientras que a la vez expondría comunidades que ya están sufriendo por los altos niveles de plomo y otras emisiones toxicas a aun más contaminación ambiental.

“El lanzar dólares federales a este proyecto demuestra una flagrante desconsideración por la voluntad de las comunidades locales afectadas,” dijo Hannah Chang, abogada de Earthjustice. “Si se construye este incinerador, sería una de las primeras instalaciones de su tipo en construirse en los Estados Unidos en dos décadas, y estaría ubicado en un área que se caracteriza por la pobreza extrema, y por una población constituida mayormente de minorías que ya está abrumada por la contaminación.”

Arecibo es sede de varias actividades industriales contaminantes que incluyen un fundidor de plomo, cuyas emisiones han causado que Arecibo sobrepase los limites legales de plomo en el ambiente. El plomo es una persistente neurotoxina que causa graves daños. Hay un amplio consenso científico que concluye que no existen niveles sanos de exposición al plomo.

“El darle prioridad a la incineración y el vertedero de basura por encima del reciclaje va en contra del sentido común y solo puede justificarse con la pura ignorancia o la corrupción rotunda,” dijo Javier Biaggi de Comité Basura Cero-Arecibo. “En 1976, el Acta de Conservación y Recuperación de Recursos nos mostró el camino a seguir – reducir, reutilizar, reciclar y hacer composta. Sin embargo, convertimos una cantidad de materiales de post-consumo brutos, con un valor de más de $500 millones de dólares al año, en vertederos y ahora Servicios Publicos Rurales SPR propone financiar un incinerador que quemaría estos materiales, produciendo un nivel de energía mínimo, pero generando cantidades masivas de contaminación”.

El proyecto del incinerador de Puerto Rico está en disputa por lo menos mediante cuatro vías legales distintas, y 77 de las 78 municipalidades de Puerto Rico se han negado públicamente a enviar su basura a este propuesto incinerador. El proyecto no puede seguir adelante sin fondos federales.

“Este incinerador de basura va a perjudicar nuestro medio ambiente y nuestra salud,” dijo Teresa Sánchez de Madres De Negro de Arecibo, quien ha estado luchando contra el proyecto por cinco años. “No queremos este proyecto en Puerto Rico ni en ninguna otra parte de nuestro planeta. Nuestra recomendación para el tratamiento de los desechos es el reciclaje. Tenemos que dejar un planeta habitable para las próximas generaciones.”

“¿Cómo podemos confiar en la Agencia de Protección Ambiental , el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y en las agencias locales de Puerto Rico para proteger nuestra salud y medio ambiente si van a permitir que se construya una fuente de emisiones de plomo en una de las pocas áreas de este país que ya está clasificada como área con niveles excesivos de plomo?” dijo Myrna Conty, Presidente de Amigos del Río Guaynabo. “El apoyo financiero por parte de esta agencia federal a una compañía con capacidad de repago cuestionable sería un craso mal manejo de los dólares de nuestros contribuyentes.”

“Lejos de ser una solución para satisfacer nuestra necesidad de energía y de combatir el calentamiento global, la incineración es un peligro para la salud de nuestras comunidades y del clima,” dijo Adriana González Delgado, organizadora del Sierra Club de Puerto Rico. Por eso pedimos a Servicios Públicos Rurales que no malgasten el dinero de los contribuyentes al apoyar este proyecto.”

Información relacionada:  Para más información, lea el blog de Ingrid Vila que cuenta en detalle la repetida lucha de esta comunidad de Puerto Rico por la justicia, el aire puro y un medio ambiente sano. Siga la conversación en las redes sociales en contra del incinerador de basura por medio de #prohibidoincinerar o en http://prohibidoincinerar.org.

VISTO EN earthjustice.org

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